DE LA PRESCRIPCIÓN AGRARIA, LOS AVECINDADOS Y POSESIONARIOS IRREGULARES

 

DE LA PRESCRIPCIÓN AGRARIA, LOS AVECINDADOS Y POSESIONARIOS IRREGULARES  

Lic RUBÉN GALLEGOS VIZCARRO*

Hace 15 años, se reformó el Artículo 27 constitucional, para establecer medidas en la impartición de Justicia Agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica, en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y apoyar la asesoría legal de los campesinos. Para este efecto, se han instituido Tribunales de Justicia Agraria, en todo el país, que con autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, han venido dictando sus sentencias a verdad sabida y en conciencia, habida cuenta que los destinatarios de las normas aplicables, son ejidatarios, comuneros, núcleos de población y demás sujetos agrarios, comprendidos en la ley reglamentaria del precepto constitucional antes indicado.

*Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Dístrito33, “Tlaxcala, TIax.”

Esta ley, alude a la calidad de avecindados cuando dice en su artículo 13, que “son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o mas en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el Tribunal Agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere”.

Con base en este precepto, advertimos en la ley que el avecindado tiene los derechos siguientes:

a) Puede adquirir la calidad de ejidatario

b) Adquirir por sucesión los derechos de un ejidatario

c) Celebrar contratos de compraventa, arrendamiento, usufructo Y otros,  con los titulares de un derecho ejidal

d) Adquirir por prescripción derechos ejidales

e) Obtener el reconocimiento de la asamblea como posesionario de tierras ejidales y la regularización de su tenencia; y

f) Participar en la junta de pobladores de la comunidad en el núcleo de población

POSESIONARlOS IRREGULARES

Además de los avecindados, la ley reconoce también la existencia de otros sujetos agrarios, como son los posesionarios que carecen de un certificado agrario expedido por el Registro Agrario Nacional y a los cuales la asamblea tiene la obligación de regularizar su tenencia, como lo disponen los artículos 23, fracción VIII, 56 Y57 de la ley de la materia.

A estos posesionarios, los podemos calificar como irregulares, porque en algunos casos, carecen de un documento que avale su ocupación material y en otros, cuentan con uno defectuoso que no les da seguridad jurídica.

Los posesionarios irregulares de parcelas han sido reconocidos como sujetos agrarios individuales, como se advierte en las ejecutorias siguientes:

POSESIONARlOS IRREGULARES DE PARCELAS EJlDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJlDATARIOS SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORAS DE ELLAS. De conformidad con lo que disponen los artículos 12, 14, 15, 16, 20, 48, 71, 79, 80, Y101 de la Ley Agraria; 30, 34, 37, 38, 40, 52 Y53 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, el ejidatario, los posesionarios regulares y los irregulares de parcela, son sujetos de derechos agrarios individuales; sin embargo, mientras los dos primeros pueden asistir y participar con voz y voto en las asambleas sobre asignación de tierras, los posesionarios irregulare-s no tienen oportunidad de intervenir en ellas; en tal virtud, cabe decir que para el ejidatario y los posesionarios regulares, el cómputo del plazo de noventa días para impugnar la resolución de la asamblea sobre asignación de tierras a que se refiere el artículo 61 de la Ley Agraria, inicia a partir del día siguiente de la fecha de la misma, a diferencia de los posesionarios irregulares para quienes el cómputo de dicho plazo, no debe iniciar, necesariamente a partir de esa fecha, sino desde que conocieron o se hicieron sabedores de la resolución, en razón de que por su carácter, no son citados ni tienen obligación de comparecer a la asamblea.

NOVENA ÉPOCA

Contradicción de tesis 133/98.-Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Sexto circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.-28 de abril del año 2()(X).. Cinco votos.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Becretario: José Manuel Quintero Montes.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo 2000, página 197, segunda Sala, tesis 2a./j. 50/2000; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 262.

Novena Época Instancia: TRIBUNAL COLEGIAOO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, Abril de 2006 Tesis: XXIV. 17 A Página: 1096

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL POSESIONARIO IRREGULAR PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA COMO TITULAR DE DERECHOS DE EJIDATARIO. El artículo 48 de la Ley Agraria establece la figura de la prescripción adquisitiva, condicionándola a que la posesión de tierras ejidales, sea en concepto de titular de derechos de ejidatario. En relación con la figura de los posesionarios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que generó la jurisprudencia 2a./j 50/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 197, de rubro: “POSESIONARIOS IRREGULARES DE PARCELAS EJIDALES. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS SOBRE ASIGNACIÓN DE TIERRAS SE INICIA DESDE QUE LAS CONOCIERON O SE HICIERON SABEDORES DE ELLAS.”, estableció una serie de premisas derivadas de los artículos 12, 14, 15, 16,20,48,78,79,80, Y101 de la Ley Agraria; así como de los derivados numerales 30, 34, 37, 38, 40, 52 Y 53 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares; 10. Y18, fracciones VI y VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, entre las que destacan, que

se trata de sujetos individuales de derechos agrarios, que usan y disfrutan una parcela ejidal o un solar urbano de la misma naturaleza; que pueden adquirir sobre las tierras que detentan los mismos derechos que cualquier ejidatario a través de la posesión de buena o mala fe; que pueden ser titulares de derechos sustantivos y adjetivos; que tienen dos situaciones jurídicas frente al ejido, como posesionarios regulares y como posesionarios irregulares; y, finalmente, que al tener derechos reconocidos por la ley están interesados, en caso de afectación, en las decisiones de la asamblea ejidal sobre asignación de tierras; a lo que se agrega, que conforme a los artículos 23, fracción VIII, 56 y 57 de la Ley Agraria; y 19 del reglamento citado, corresponde a la asamblea general de ejidatarios la regularización de la tenencia de los posesionarios; y que, para la asignación de derechos sobre tierras de uso común, debe atenderse, salvo causa justificada, en primer lugar, a los posesionarios reconocidos por la asamblea y, en cuarto orden, a “otros individuos”. En congruencia con lo anterior, se concluye que los posesionarios irregulares al estar legalmente reconocidos como sujetos individuales de derechos agrarios, potencialmente pueden adquirir la calidad de ejidatario, por cuanto que se encuentran incorporados a la vida legal y productiva del ejido, formando así parte de la clase campesina; y, por tanto, que están legitimados para poseer en concepto de titular de derechos de ejidatario en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, al margen de que pudieran existir otras calidades de sujetos de derechos agrarios que pudieran tener una expectativa legal mayor para adquirir el carácter de ejidatario, pues esa circunstancia no es bastante para privarlos de los derechos que legalmente tienen reconocidos en su favor.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO

Amparo directo 607/2005. María de Jesús Cortez Ramírez. 9 de febrero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Arturo Cedilla Orozco. Ponente: Víctor Jáuregui Quintero. Secretaria: Norma Leticia Parra García.

Amparo directo 607/2005. María de Jesús Cortez Ramírez. 9 de febrero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Arturo Cedilla Orozco. Ponente: Víctor Jáuregui Quintero. Secretaria: Norma Leticia Parra García.

EJECUTORIAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN NO ACEPTADAS

En relación a la prescripción de los derechos ejidales, podemos hacer algunas reflexiones importantes, especialmente cuando encontramos ejecutorias federales, cuyas resoluciones no compartimos.

Una de ellas dice lo siguiente: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. SI PROSPERA LA ACCIÓN, EL TRIBUNAL UNITARIO DEBE PRONUNCIARSE EXPRESAMENTE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE EJIDATARIO DEL SOLICITANTE, ASÍ COMO LA PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DEL TITULAR. El artículo 48 de la Ley Agraria dispone que las tierras ejidales pueden ser adquiridas por personas que las hubieran poseído en concepto de titular de derechos de ejidatario, por lo que el tribunal agrario no puede separar la decisión de adjudicar los derechos agrarios, respecto de la parcela materia de la controversia del reconocimiento como ejidatario del ejercitante de la acción, así como de la pérdida de los derechos del titular, lo cual está implícito en el numeral antes citado y expresamente lo último en el 20, fracción IlI, del mismo ordenamiento legal, al ser el reconocimiento de ejidatario y la pérdida de tal calidad, a favor del actor y en contra de la parte demandada, respectivamente, una consecuencia de la acción probada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 140/2003. 3 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto. Secretaria: Claudia de Anda Carcía.

No estamos de acuerdo con la tesis anterior, porque lo que se adquiere por prescripción, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Agraria, son los derechos parcelarios, esto es, la superficie que ampara una parcela, que es lo que se viene ocupando. En este sentido, el Registro Agrario Nacional, solo le habrá de expedir un certificado parcelario, respecto de la misma, que le fue enajenada por su titular, a quién por su parte se le cancelará el certificado parcelario que tuviere a favor.

En muchas ocasiones, un ejidatario tiene una dotación agraria, conformada por varias parcelas, ubicadas en sitios diferentes, razón por la cual el RAN, le expide sendos certificados que amparan el derecho de cada una de ellas; por esta razón, al enajenar una sola, y quedarse con la titularidad de las demás, amén de sus derechos de uso común, no pierde su calidad de ejidatario.

Así como se plantea en la ejecutoria, cualquiera que obtenga los derechos sobre una parcela, debe también ser reconocido como ejidatario, lo que no compartimos, porque tal reconocimiento resulta ser una atribución de la asamblea.

Lo peor de todo, es que también se resuelve en el sentido de que tal reconocimiento trae aparejada la pérdida de los derechos del ejidatario que le hizo la enajenación, al interpretar erróneamente la fracción ID del artículo 20 de la Ley Agraria, pues esta, hace referencia a todos sus derechos y no cuando se desprenda únicamente de los derechos parcelarios. El precepto en cuestión debe ser analizado en correspondencia con el artículo 14 de la propia ley que dice. “Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan”. Además, debe también atenderse lo dispuesto en el artículo 60 de la ley, que dice: “La cesión de los derechos sobre tierras de uso común por un ejidatario, a menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que éste pierda su calidad como tal, sino solo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes.”

Hay que agregar también, que el reconocimiento o aceptación de ejidatarios, así como de posesionarios o avecindados, corresponde de manera exclusiva a la asamblea, en término de los artículos 13, 23, fracción II y VIII, 56, 57 Y 58 de la Ley Agraria, por lo que los Tribunales Agrarios, carecen de atribuciones para resolver en primera instancia, una sentencia sobre estos asuntos, específicamente, el reconocimiento o aceptación y tampoco, decidir su separación del núcleo de población lo que traería consigo la pérdida de derechos de un ejidatario.

En relación con este tema, el Pleno del Tribunal Superior Agrario, resolvió en contradicción de tesis, que la prescripción de derechos parcelarios, no implica adquirir también la calidad de ejidatario, porque ésta deberá ser determinada por la asamblea de ejidatarios, al respecto dice lo siguiente:

CONTRADICCIÓN DE TESIS 03/2002

ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL UNITARIO DEL TERCER DISTRITO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, ESTADO DE CHIAPAS Y EL TRIBUNAL UNITARIO DEL VIGÉSIMO TERCER DISTRITO CON SEDE EN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO AL RESOLVER LOS JUICIOS AGRARIOS 1296/00 Y 313/98, RESPECTIVAMENTE.

PRIMERO.-Si existe contradicción de Tesis entre las sustentadas por el Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas y por el Vigésimo Tercer Distrito, con sede en la Ciudad de Texcoco, Estado de México, al resolver los juicios agrarios 1296/00 y 313/98, respectivamente.

SEGUNDO.-De conformidad con los razonamientos expuestos en la parte considerativa del presente fallo, se establecen con carácter de jurisprudencia por contradicción los rubros y textos que sustenta este Tribunal Superior Agrario y que son del tenor siguiente:

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA, IMPLICA ÚNICAMENTE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS AGRARIOS A FAVOR DE POSESIONARlO RESPECTO DE LA TIERRA O PARCELA EJIDAL. De conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley Agraria, quien haya poseído tierras ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatario adquirirá únicamente los correspondientes derechos ejidales, respecto de las tierras o de la parcela respectiva, convirtiéndose en el nuevo titular de tales derechos.

TRANSMISIÓN DE DERECHOS EJIDALES POR PRESCRIPCIÓN. NO IMPLICA LA ADQUISICIÓN DEL CARÁCTER DE EJIDATARIO. De una interpretación histórico evolutiva integral del artículo 48 de la Ley Agraria se deduce que los derechos agrarios transmitidos por la vía jurídica de prescripción a favor del nuevo titular, respecto de las tierras o de la parcela ejidal, es el resultado del reconocimiento jurídico a la validez de su posesión, toda vez que se han reunido los requísitos establecidos legalmente, pero no implica en forma alguna que dicha transmisión jurídica origine la adquisición de la calidad de ejidatario respecto del posesionaría que ha prescrito los respectivos derechos.

EFECTOS JURÍDICOS DERIVADOS DE LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA. Conforme a una interpretación secuencial del artículo 48 de la Ley Agraria se presentan diversos efectos jurídicos previstos secuencialmente. En forma inicial, una vez que se ha actualizado la prescripción en materia agraria, el anterior titular de los derechos respecto de las tierras ejidales o de la parcela ejidal deja de tener dicha calidad jurídica al haberse transmitido los correspondientes derechos a favor del nuevo titular. Por otro lado, respecto de la calidad de ejidatario no opera la adquisición de la misma por parte del posesionario que ha prescrito en su favor los derechos ejidales correspondientes, por lo que queda vacante pero vigente dicha calidad ejidal, cuya titularidad será determinada por la Asamblea de Ejidatarios la cual es el órgano competente para realizar la referida asignación.

TERCERO.-Publíquense los puntos resolutivos del presente fallo en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Judícíal Agrarío.

CUARTO.-Con testimonio del presente fallo, hágase del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios de los que se derivó la presente contradicción y con copia certificada a los demás Tribunales Unitario Agrarios de la República; y devuélvanse los autos correspondientes.

QUINTO.-Con testimonio de esta resolución, hágase del conocimiento de la Procuraduría Agraria y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

UN REQUISITO MÁS EN LA PRESCRIPCIÓN AGRARIA

Con base en la resolución anterior, ahora se complica más la prescripción adquisitiva para el posesionaría irregular, cuando se le exige el reconocimiento de avecindado, no obstante haber poseído una parcela en concepto de titular de derechos ejidales, de manera específica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe o diez si fuera de mala fe.

Así lo resuelven las ejecutorias siguientes, que como pueden observarse, van mas allá de lo que dispone el artículo 48 de la Ley en consulta.

“Al promoverse la acción de prescripción positiva por quien no es ejidatario, y de llegarse a declarar que se demostraron los elementos de la misma, de acuerdo a lo establecido en la parte final del párrafo primero del artículo 48 de la Ley Agraria, transcrito al inicio de este considerando, traerá como consecuencia que al actor se le reconozca su derecho sobre la parcela, y deberá expedírsele el respectivo certificado de derecho parcelario; por tanto, al adquirir la titularídad de derechos ejidales, tendrá el carácter de ejidatario según lo establece el artículo 12 de la citada ley lo cual contravendrá el artículo 15 de la mencionada legislación agraria, que establece como requisito para poder adquirir la calidad de ejidatario, ser avecindado.

En tales condiciones, para tener derecho a adquirir por vía de prescripción positiva una parcela ejidal, se requiere primero, ser ejidatario, avecindado o posesionario reconocido por la asamblea del núcleo de población de que se trate”.

“Por tanto es obvio que, para que sea jurídicamente correcto que prospere la acción de prescripción positiva, se requiere que además de reunirse los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley Agraria, el actor debe en primer lugar, demostrar que es ejidatario, avecindado o posesionarío reconocido por la asamblea ejidal del poblado donde se encuentre la parcela afecta a usucapir”.

“Así las cosas, el Tribunal responsable previamente a considerar que en el juicio de origen prosperó la acción de prescripción positiva que promovió José Melecio Yahuitl Arenas, debe analizar si este es ejidatario, avecindado o posesionarío reconocido por la asamblea ejidal respectiva o por tribunal agrario competente”.

“Lo anterior, sin perjuicio de que si así lo estima procedente, haga uso de la facultad que le confiere el artículo 187 de la Ley Agraria, a efecto de recabar la información necesaria para verificar si efectivamente se cumplen o no los requisitos de ley antes señalados”.

Amparo Directo Agrario 614/2005 TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO TLAXCALA, TLAXCALA 16 de marzo de 2006

El mismo Tribunal Colegiado, en el diverso amparo 199/2004, resolvió el 27 de enero del año 2005, que el Tribunal Unitario Agrario responsable, está obligado a agotar las providencias que fueran necesarias, que le den certeza de si una asamblea ha reconocido como avecindado al promovente de las diligencias de prescripción “y con base en ello, declarar procedente o no la acción de prescripción positiva por el ejercida dentro de la contienda agraria 60/2003, pues dentro de tal expediente no obra constancia que demuestre que haya sido reconocido como avecindado por la asamblea ejidal respectiva, o por Tribunal Agrario competente, y sin que el actor se hubiere ocupado de aportar al juicio elemento alguno para corroborar ese requisito, es decir, ser avecindado legalmente reconocido; por lo que si la autoridad responsable ordenadora no procedió en esos términos, su determinación es violatoria de la garantía que contempla el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos”.

De igual forma, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Tlaxcala, como en las anteriores ejecutorias, se pronuncia en el amparo 635/2006, al exigir como requisito para la usucapión, el reconocimiento del actor, por parte de la asamblea o del Tribunal Unitario Agrario competente, como avecindado, posesionario o ejidatario del núcleo de población ejidal.

A mi juicio, el resolutor en estos amparos, parte de argumentos equivocados, al exigir en la prescripción agraria un requisito, el de la vecindad, sin tomar en cuenta que el artículo 48 de la Ley Agraria, solo dispone como

requisitos, los siguientes: que se posea en concepto de titular de derechos de ejidatario; que las tierras ejidales no sean las destinadas al asentamiento humano, con excepción de los solares urbanos; que no se trate de bosques o selvas; que la posesión se disfrute de manera pacífica, continua y pública, durante un periodo de cinco años si es de buena fe o de diez si es de mala fe.

Es cierto que para entender la posesión en concepto de titular de derechos de ejidatarios que normativamente se precisa, la parte actora en el juicio agrario debe demostrar dos aspectos: a) Que es un sujeto agrario; ello es así, porque la posesión es calificada, ya que debe ser en concepto de titular de derechos agrarios; y b) Que demuestre la causa generadora de su posesión, entendiéndose por tal, cualquier acto que fundadamente se considere bastante para transferir el dominio sobre la parcela de que se trate y que con ello acredite la titularidad de derechos parcelarios.

En las ejecutorias precitadas, se trata de posesionarías irregulares que como hemos visto, los tribunales colegiados del país, por disposición de la propia Ley Agraria, les reconoce la calidad de sujetos de derechos agrarios individuales, por tanto, si demuestran en los autos con esa posesión el concepto de titularidad ya comentado, y también lo hacen respecto de la causa generadora de su posesión, con un contrato de enajenación de derechos que celebraron con el ejidatario titular originario de los mismos, no vemos la razón de exigir otro requisito más. En el caso, como complemento de todos los elementos básicos del artículo 48 de la ley, se llamaron a los integrantes del comisariado y a colindantes, quienes en ningún momento se opusieron a la declaración de su derecho a prescribir; con todo y esto, el tribunal colegiado de circuito desde el año 2004, viene sustentando la exigencia del requisito de la vecindad, reconocida por el núcleo de población ejidal o de el tribunal unitario agrario competente, que de manera frontal le causa agravio a estos posesionarios.

En mi concepto, la confusión de los magistrados del Tribunal Colegiado que se comenta, la encontramos en el argumento de que “al adquirir la titularidad de derechos ejidales (parcelarios), tendrá el carácter de ejidatario según lo establece el artículo 12 de la citada ley, lo cual contravendrá el artículo 15 de la mencionada legislación agraria que establece como requisito para poder adquirir la calidad de ejidatario, ser avecindado”.

En efecto, el artículo 12 dice; son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales; y el artículo 15 dice; para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

  1.         I.            …
  2.       II.            . Ser avecindado del ejido correspondiente…

Como se puede advertir, estos preceptos aluden a dos sujetos agrarios comprendidos en la Ley, esto es, los ejidatarios y avecindados; sin embargo, la Ley Agraria distingue además de ellos, los siguientes:

a) Ejidatarios, cónyuge e hijos, así como dependientes de ellos;

b) Avecindados;

c) Posesionarios regulares;

d) Posesionarios irregulares; y

e) Otros individuos a juicio de la asamblea

En base a esta clasificación, que se deriva de los artículos 12, 13, 17, 18, 23 fracción VIII, 48, 56, 57, 68, 71 Y72 de la Ley Agraria, podemos indicar que las diligencias de prescripción, pueden solicitarse por los posesionarios irregulares, al tener por disposición legal, la calidad de sujetos agrarios; incluso, la acción interdictal para recuperar la posesión en el supuesto de que hubiere sido privado de la misma. En este sentido, es aplicable la tesis siguiente:

ACCIÓN INTERDICTAL PARA RECUPERAR LA POSESIÓN. TERMINO PARA DECLARARLA PRESCRITA, CUANDO LA PROMUEVE UN POSESIONARlO O AVECINDADO (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN CIVIL FEDERAL EN MATERIA AGRARIA). De conformidad con el artículo 804 del Código Civil Federal, aplicado en forma supletoria de acuerdo con el artículo 2°. De la Ley Agraria, el término para ejercitar la acción interdictal para recuperar la posesión de un terreno ejidal reclamada por un posesionario o avecindado, previamente privado de sus derechos agrarios, es de un año, cuando tal reclamación no la formula en términos del artículo 48 de la Ley Agraria; sin que tal aplicación supletoria de la Legislación Civil Federal se oponga directa ni indirectamente a las disposiciones de la materia, pues ninguna de ellas proscribe la prescripción de las acciones individuales agrarias ya que, por el contrario, ejemplificativamente la citada Ley Agraria en sus artículos 20, 61 Y84, previene la pérdida de diversos derechos individuales de los ejidatarios o aspirantes, por el mero transcurso del tiempo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRcurro, Amparo directo 106/2000. Francisco Rúelas Moreno. 15 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Patricia Mújica López. Secretaria: María Hermelinda Domínguez Gómez.

Lo cierto es, como ya se ha expuesto, que al adquirirse una parcela por prescripción, con ello no se obtiene la calidad de ejidatario y tan solo los derechos parcelarios sobre la misma; así lo reconoce el Registro Agrario Nacional, el que para no dejar lugar a dudas, ha venido expidiendo certificados parcelarios a favor de los promoventes de esas diligencias, con la anotación de que esos derechos no producen la calidad de ejidatario.

Por último, se objeta también lo sustentado en estas ejecutorias, cuando se pretende corroborar la exigencia del requisito de vecindad, al decir: “que el artículo 80 de la Ley Agraria, en su primer párrafo dispone que los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

El argumento no es válido, porque la enajenación de derechos parcelarios a personas ajenas al ejido, que no son avecindados, puede demandarse a través de un juicio de nulidad, por algún ejidatario o avecindado y también por el cónyuge y los hijos del enajenante en ejercicio del derecho del tanto, empero, esta nulidad no es absoluta, sino relativa, en aplicación de los artículos 2224 a 2228, 2231 Y2242 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia agraria, y en relación con el artículo 48 de esta última.

Del articulado podemos estimar, que si los interesados, como lo son en este caso, los ejidatarios o avecindados, en ningún momento promovieron la nulidad relativa, de la enajenación, ante el Tribunal Unitario Agrario, es evidente que consintieron la misma, lo que dio lugar a convalidar el vicio de falta de capacidad del adquiriente, de no ser avecindado cuando este promueve la prescripción adquisitiva llenando los requisitos que se contienen en la Ley.

La prescripción adquisitiva al decir de Planiol y Ripert (1) desempeña un papel social considerable, pues sin ella, ningún patrimonio estaría al abrigo de reivindicaciones imprevistas. Ellos responden a un propietario “¿porqué ha permanecido tan largo tiempo sin efectuar actos posesorios sobre su cosa sin reclamarla? Se le deja un plazo suficiente para conocer la usurpación que se produce en su contra y para protestar. Los resultados contrarios a la equidad, que de este modo se corre riesgo de producir, no pueden compararse con las ventajas decisivas que la usucapian procura todos los días”.

“La prescripción adquisitiva no se funda únicamente en la posesión; supone también la inacción injustificada. Sí la prescripción corre en su contra, se debe a que no ha actuado”.

1 Tratado Elemental de Derecho Civil, Cárdenas Editor, Pág. 343.

Respecto de las diferencias entre la nulidad absoluta y relativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la sexta época dice: “La nulidad absoluta y la relativa se distinguen en que la primera no desaparece por confirmación ni por prescripción; es perpetua y su existencia puede invocarse por todo interesado. La nulidad relativa en cambio no reúne estos caracteres. Sin embargo, en ambas el acto produce provisionalmente sus efectos, los cuales se destruyen retroactivamente cuando los tribunales promovieran la nulidad”.

Tesis de ejecutorias 1917-1975 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Cuarta parte Tercera sala

NULIDAD, FALTA DE CAPACIDAD, EN UNO DE LOS CONTRATANTES

La falta de capacidad de uno de los contratantes, no da origen a una nulidad de carácter absoluto, desde el momento en que puede convalidarse, cesando el motivo de nulidad, si no concurre otro, mediante la ratificación.

Quinta Época: Tomo XXXIX, Pág. 2497

En esta tesis, la Suprema Corte interpreta con rectitud la legislación civil de la materia, pues distingue entre la nulidad absoluta que priva al acto de todo efecto jurídico desde el momento de su celebración, y por otra parte, la nulidad relativa del acto, pues este es anulable, si al ejercitarse la acción correspondiente se llega a decretar judicialmente esa nulidad.

Sobre este particular, el artículo 2228 del Código Civil Federal dice: “La falta de forma establecida por la Ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo”.

Planiol y Rípert, en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil, afirman la existencia de dos especies de incapacidad para contratar, al decir: “ciertas personas están afectadas de una incapacidad general, que les impide celebrar válidamente cualquier contrato, salvo algunas excepciones admitidas por la ley; otras sólo están afectadas de una incapacidad parcial que les impide celebrar ciertos contratos. En el primer caso, se encuentran los menores no emancipados, los sujetos a interdicción y las mujeres casadas no separadas”. En relación a esto último, señala que su incapacidad es consecuencia del matrimonio.

Respecto de las incapacidades parciales, se presentan en aquellos casos “en que la ley prohíbe a ciertas personas vender o comprar determinados bienes”. Por ello sostengo, que el adquiriente que no es avecindado, se encuentra en esta hipótesis, su contrato de enajenación es anulable, empero también corre a su favor el lapso de cinco o diez años, según el caso, para que opere a su favor la prescripción positiva.

CONCLUSIÓN

No se requiere la calidad de avecindado, cuando un posesionario irregular, pretende adquirir por prescripción una parcela ejidal, habiendo satisfecho los requisitos que se exigen en el artículo 48 de la Ley Agraria y han comparecido sin oposición alguna, los colindantes y representantes del núcleo de población ejidal.

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