EL DERECHO AGRARIO EN MÉXICO: TRES PERSPECTIVAS DE FUTURO.

EL DERECHO AGRARIO EN MÉXICO: TRES PERSPECTIVAS DE FUTURO.

 

La patria no es la tierra. Sin embargo, los hombres que la tierra nutre son la patria.”

Rabindranath Tagore. (1861-1941) Filósofo y escritor hindú.

 

Una breve introducción.

 

 

Hablar sobre el derecho agrario en México requiere, desde nuestro punto de vista, exponer primeramente algunas consideraciones teóricas que nos permitan comprender a los llamados “derechos sociales”, dado que el derecho agrario, como conjunto de garantías jurídicas, se encuentra inmerso en el contenido fundamental de este tipo de derechos.

Los derechos sociales, una cuestión compleja.

2 Ver, p. ej. Cossío Díaz, José ramón. Dogmática constitucional y régimen autoritario. Biblioteca de ética, filosofía del derecho y política. Fontamara, México, 1998. De reciente publicación, pueden consultarse los ensayos de Juan Antonio Cruz Parcero, (sobre el tema de la ideología del concepto derechos sociales, particularmente el de este autor), Luis Prieto Sanchís, Robert Alexy, Gerardo Pisarello y Carlos S. Nino, en Carbonell, Miguel, Cruz Parcero, Juan Antonio y Vázquez Rodolfo, compiladores. Derechos sociales y derechos de las minorías. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas (Serie Doctrina Jurídica Número 28), México, 2000.

La definición de los derechos sociales es una cuestión de enorme complejidad. Tradicionalmente, los criterios utilizados para definir a los derechos sociales han sido tan variados como heterogéneos dependiendo de los elementos que de ellos quiera resaltarse.

La doctrina jurídica mexicana les dio un tratamiento ideológico que en realidad se vio pocas veces traducido en hechos concretos2. Sin embargo, actualmente las opiniones de los juristas que se han ocupado del tema coinciden en señalar que es preferible identificar a los derechos sociales con los derechos prestacionales, es decir, con

 

3 Cruz Parcero, Juan Antonio. “Los derechos sociales como técnica de protección jurídica”. Derechos sociales y derechos de las minorías. Op. cit. p. p. 90 y 91.

aquellos derechos que en lugar de satisfacerse mediante la abstención del sujeto obligado, requieren de una acción positiva que se traduce normalmente en la prestación de algún bien o servicio3.

Es así que surge la idea del derecho social, considerándolo como una rama autónoma del sistema jurídico al lado de las tradicionales (público y privado), y cuya principal característica fuera la preeminencia de los intereses colectivos por encima de los intereses de los individuos, a través de leyes protectoras y programas creados por el Estado para el establecimiento de condiciones más justas

 

4 Esta nueva rama pugnó por entender al derecho social como “el conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles, para lograr su

de vida que beneficiaran a los sectores más vulnerables de la población.4

La noción de “derechos sociales” tiene una historia larga y de múltiples raíces, pero podríamos identificar su surgimiento a finales del siglo XIX, como respuesta al régimen liberal irrestricto nacido de las ideas políticas de la revolución francesa de 1789 y como respuesta, también, a una desigualdad cada vez más marcada entre los diversos componentes de ese sistema liberal.

El argumento de que la injerencia del Estado en cualquiera de las actividades del individuo afectaría enormemente el postulado fundamental de la libertad e igualdad entre los hombres, fue siempre una

 

convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo.” Mendieta y Núñez, Lucio. El Derecho

 

de las críticas más acérrimas a esta concepción jurídica.

Tuvieron que pasar décadas para que la concepción ultra liberal de los derechos comenzara a declinar en favor de una concepción menos individualista. Así, sin desconocer los beneficios que se vislumbraban con el reconocimiento de los derechos de igualdad entre los hombres, los Estados se vieron en la necesidad de implementar reformas legales que impidieran los efectos negativos que en ocasiones se presentaban en el ejercicio de estos derechos de igualdad.

En México, la revolución de 1910 fue un factor decisivo para la conformación de estos derechos prestacionales. Las principales

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Social, 2ª ed., Porrúa, México, 1967, p.59.

 

demandas populares que originaron este movimiento social fueron recogidas posteriormente en el texto constitucional de 1917, adicionando a los tradicionales derechos individuales, los nuevos derechos sociales que elevaron a norma fundamental la limitación de la propiedad privada en términos de su función social, así como la defensa de los derechos de los trabajadores.

De tal suerte que la doctrina coincide en reconocer a la Constitución de 1917 como uno de los puntos de partida de un vasto movimiento jurídico que incorporó los principios fundamentales de los derechos sociales a sus propias constituciones, un

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5 Sobre la importancia que la Constitución Mexicana imprimió en el desarrollo del derecho social puede consultarse a: Villalpando, Waldo. “La cuestión de los derechos humanos con especial referencia a América Latina”. Defensa de los Derechos Humanos, Ed. Tierra Nueva, Buenos Aires, 1976, p.12 y sigs. Nuestros constitucionalistas del siglo XX, coincidieron e incluso exaltaron esa función en la Constitución de 1917; sin embargo, muy poco dijeron en torno a la protección efectiva de estos derechos en los hechos. Vid., p. ej. las obras de Don Mario de la Cueva, de Alberto Trueba, Ruben Delgado Moya, o más recientemente de José

movimiento progresista de alcances inusitados.5

Los obstáculos a la justiciabilidad de los derechos sociales, las dificultades de la realidad.

 

Pero como en casi todos los países de Latinoamérica, la dificultad de conciliar en México una constitución muy progresista en materia de derechos sociales con una realidad social colmada de necesidades e injusticias, donde predominan la inequidad social, la marginalidad económica, los bajos índices de educación y un nivel bajo de salud, es evidente. En palabras de Rodrigo Uprimny6, es “la gran paradoja del constitucionalismo mexicano”, pues,

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Francisco Ruíz Massieu, Diego Valadéz o Enrique Álvarez del Castillo, entre otros, y el análisis hecho en el apartado C) del capítulo VI, de Cossío, op. cit. p.p. 81-85.

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habiendo sido los creadores del amparo y los primeros en introducir en un texto constitucional un catálogo de derechos sociales, no hemos podido conciliar ambos para crear un mecanismo de control constitucional que resulte adecuado y eficaz para la tutela de los derechos sociales.

Ello, sobra decirlo, puede deberse, en gran medida, a lo que algunos han llamado “una carrera con obstáculos”: impedimentos, estorbos, trabas, que históricamente han venido acompañando a los derechos sociales y le han dificultado su justiciabilidad.

Estos impedimentos tienen diversos orígenes: una dogmática construida a modo

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para un régimen de partido único por más de 70 años; el tipo de democracia que se ha ido construyendo posterior a ese régimen; nuestra concepción de Estado y de Constitución; la percepción que tienen los ciudadanos de las instituciones, pero también la que tienen las propias instituciones de sí mismas; el modelo de derecho que tenemos y el que deseamos, el que enseñamos y el papel que han desempeñado en este asunto de la justiciabilidad de los derechos sociales, los poderes públicos y otros actores políticos y económicos.

Pues bien, en México, el derecho agrario se circunscribe dentro de esta rama del ordenamiento jurídico y, por tanto, impone al Estado la obligación de realizar a favor del

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o los titulares de estos derechos una serie de prestaciones, las cuales están destinadas a satisfacer una necesidad de índole individual, pero colectivamente considerada.

Se trata de un derecho que se revela frente al Estado, el cual asume el deber de proteger convenientemente los diversos derechos contenidos en el derecho agrario, mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para hacerlos efectivos.

El sentido de la intervención estatal en el ámbito del derecho agrario –como en cualquier otro derecho social– no es otro que el de superar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad y que impide a muchos el acceso a la tenencia de la tierra

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7 Salvo algunas excepciones, es solo recientemente que el tema de los derechos sociales comienza a tratarse en la doctrina con la profundidad que amerita, pero debe señalarse que la base de los estudios sobre el tema en México parte de la teoría constitucional que se viene produciendo en Europa. Por lo que respecta a la jurisprudencia constitucional sobre derechos sociales también debe señalarse que la producción no ha sido muy prolífica, debido principalmente a factores tales como el entendimiento y la representación de la Constitución (ver Cossío, op. cit. p.p. 43 y s.s.), la carencia de una Teoría Constitucional propia que permita un referente interpretativo más consistente, etc.

o a la explotación adecuada de la misma, o bien cualquiera de los derechos de contenido agrario que se enuncian en el artículo 27 constitucional.

El derecho agrario como auténtica garantía constitucional.

Hablar, por tanto, sobre la eficacia de los derechos sociales es, sin lugar a dudas, un tema difícil.7.

Sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado a realizar una interpretación que favorece un mejor entendimiento de los derechos sociales. Prueba de ello son los criterios que más adelante se expondrán, así como las

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8 “El ciudadano que ve frustrado su derecho constitucional a la protección de la salud tiene el recurso de imponer al agente estatal las supremas sanciones políticas que pueden darse en un sistema democrático: negarle el voto en las próximas elecciones; deteriorar la legitimidad de su mandato; censurar su gestión pública; acusarle de iluso, de demagogo, de utópico o de inconsistente.” Ruiz Massieu, José Francisco. “El contenido programático de la Constitución y el nuevo derecho a la protección de la salud”. Soberón, Díaz Alfaro, et. all. Derecho Constitucional a la Protección de la Salud, Miguel Ángel Porrúa, México, 1983. p. 71-72.

tesis sobre la Jerarquía de los tratados internacionales, entre otros.

Lo antes señalado podría conducir a que se sostuviera que en ningún caso el ciudadano podría tener acceso a la tutela jurisdiccional para hacer valer su derecho constitucional en juicio. Inclusive, hay quienes consideran que ante la imposibilidad de que el Estado se vea obligado coercitivamente a hacer efectivo ciertos derechos de contenido social, éste se vea sancionado por otros medios como la censura o el voto de castigo.8

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9 Cossio Diaz, José Ramón. Estado Social y Derechos de Prestación. Centro de Estudios Constitucionales., Madrid, 1989. p. 235 y sigs.

Otros autores sostienen, en cambio,9 que si bien los derechos sociales no permiten reconocer desde la Constitución el otorgamiento de prestaciones, es decir, el reconocimiento de un derecho subjetivo oponible al Estado que garantice su exigibilidad, no por ello carecen de eficacia jurídica al punto de convertirse en meros enunciados programáticos.

Por nuestra parte coincidimos en señalar que aún cuando no pueda afirmarse que desde la Constitución Federal se otorgue al particular un derecho subjetivo que obligue coactivamente al Estado para hacer efectivos estos derechos; en el preciso momento en que el legislador desarrolla los principios fundamentales en esta materia, o como lo

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dice expresamente el texto constitucional, “define las bases y modalidades”, surge de esta forma el derecho del gobernado para exigir, siempre que se encuentre dentro de la hipótesis legal, el cumplimiento de su derecho constitucional ante los tribunales competentes y, en caso de que éste derecho le sea desconocido, podrá acudir al mecanismo procesal de control de la constitucionalidad que proceda.

Por otra parte, cuando el legislador decide crear una ley que desarrolla o amplía los contenidos del derecho agrario, deberá salvaguardar la dimensión esencial de esos derechos, ya que, de no hacerlo así, el particular que se vea afectado con dicha norma podrá validamente acudir a los cauces institucionales para tutelar derechos

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y solucionar conflictos como los tribunales agrarios y a los mecanismos procesales de control constitucional.

Expuesto lo anterior, como lo anuncié hace un momento, quisiera plantear las tres perspectivas que encuentro útiles para contribuir al mejoramiento de la justicia agraria en el futuro.

La utilización del derecho internacional de los derechos humanos como parámetro de interpretación de los derechos agrarios.

Recientemente, la Corte ha vuelto al tema de la jerarquía de los tratados internacionales, fijando algunos criterios que me parecen relevantes para sostener que pueden utilizarse los pactos internacionales en materia de derechos humanos no solo para ampliar el catalogo de derechos que se

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contienen en la Constitución, sino también como criterios de interpretación que deben utilizar los operadores jurídicos, (jueces, litigantes, y todo aquél que utilice al derecho como herramienta).

En el caso concreto, el derecho agrario puede tomar elementos muy importantes de los siguientes tratados internacionales:

Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

El artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre establece:

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

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El artículo 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala:

2.- Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:

a.- Mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos. La divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.

b.- Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que exportan.

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Todos tienen por supuesto vinculación con los temas esenciales del derecho agrario como son el derecho a la propiedad y el derecho a obtener una indemnización en el caso de que su propiedad sea expropiada. Pero, en particular, el último de los enunciados me recuerda uno de los objetivos del derecho agrario que parecen haberse perdido en el tiempo: el de la autosuficiencia en materia alimentaria.

En los últimos años, poco se habla del cambio demográfico tan significativo por el que atraviesa México y del impacto que tendrá en los futuros flujos de migración, en la producción de alimentos, en la conformación de nuestra economía y nuestras relaciones internacionales.

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A diferencia de hace 20 ó 30 años, cuando era común que las mexicanas tuvieran un promedio de seis hijos, hoy la tasa de natalidad en el país se ha reducido a 2.2 nacimientos por mujer. Lo mismo ha ocurrido con la tasa de mortalidad. Esa disminución en las tasas de nacimientos y muertes, ha empezado a tener consecuencias palpables, que en ocasiones pudieran calificarse de drásticas.

Los últimos 50 años la mayoría de los países en desarrollo han experimentado un traslado masivo de su población desde sus áreas rurales hacia sus áreas urbanas. Algunas ciudades están creciendo dos o tres veces más de prisa que la población total del país donde están ubicadas. Esta tendencia equivale a sumarle al planeta una nueva

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10 Barman Zygmunt. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Gedisa, Barcelona, 2003.

ciudad de un millón de habitantes todas las semanas.

La mala nutrición y los problemas de salud son lugares comunes. No es de extrañar, entonces, que un número creciente de personas busque cómo complementar las magras cantidades de comida que están en condiciones de comprar, pues a medida que crece la población de las áreas urbanas, éstas se expanden hacia las afueras,10 e incluso hacia fuera del país, con la consecuente disminución de la producción alimentaria.

Los movimientos migratorios son una respuesta a la oferta y demanda de fuerza de trabajo y a las oportunidades que las grandes ciudades ofrecen en todos los

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sentidos. Este proceso genera un excedente de población en las zonas urbanas, que subsiste marginalmente integrado a las actividades económicas y, en adición una cantidad cada vez mayor de migrantes que abandonan sus lugares de trabajo en el campo para trasladarse a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Con frecuencia, las migraciones acaban sobrecargando el medio ambiente, destruyendo ecosistemas y extrayendo recursos a un ritmo que sobrepasa la capacidad natural de estos ecosistemas y recursos para restaurarse. Además, respecto a la producción alimentaria estas migraciones tienen consecuencias muy graves.

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Todos estos factores, sumados a las limitaciones y dificultades para acceder a la tierra, el agua, el trabajo, el capital, los bienes de consumo, las tecnologías y otros recursos, provocan que tengamos que buscar nuevas formas de concebir nuestra realidad alimentaria. La agricultura urbana, la creación de empleos los apoyos al campo, los programas para arraigar a las personas a la tierra que los vio nacer y que produce los alimentos que consumimos resultan por tanto indispensables.

Por eso me parece oportuno pasar a la exposición de la que he llamado la segunda perspectiva de futuro que veo de mucha utilidad para el derecho agrario en general. Se trata de la

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Nueva cultura de la Transparencia y el acceso a la información pública.

Sin duda, el impulso de las reformas que recientemente ha sufrido nuestra legislación en la materia y de las que todavía, esperamos, vendrán, ofrecen una perspectiva de futuro que se verá reflejada en una mejor protección de los derechos, en particular los agrarios, pues el acceso a la información pública mejorará necesariamente los registros agrarios, los archivos públicos en la materia y el mayor conocimiento de la actividad estatal, de las estadísticas poblacionales, de los informes económicos, las previsiones en materia presupuestal, el monto y destino de los programas sociales, serán factores que

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11 Las tesis emitidas por la Suprema Corte en asuntos en los que se definió que este derecho es básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que esta sea mejor enterada y a favorecer una cultura de la verdad, contraria a una diversa del engaño, la maquinación y el encubrimiento de la información dan cuenta de ello. Ver, entre otras, las tesis DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6º, 7º Y 24 CONSTITUCIONALES. Tesis I.3º.C.244 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Novena Epoca, página 1309. GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6º TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. Tesis P.LXXXIX/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Epoca, página 513. DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL NO VIOLA AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RELATIVO, YA QUE PERMITE PROPORCIONARLOS PARA JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES. Tesis P.XLVII/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Epoca, página 72. DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6º CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMA VERAZMENTE. Tesis P.XLV/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Epoca, página 72. DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. Tesis P. LX/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Epoca, página 74. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y GARANTÍA DE AUDIENCIA. LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 104 DE SU REGLAMENTO INTERNO, NO LOS VIOLAN PORQUE AUN CUANDO ESTABLECEN COMO FACULTAD DISCRECIONAL LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y COPIAS, NO LA PROHIBEN. Tesis P. XLVI/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Epoca, página 74. DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ARTÍCULO 112, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, NO LO VIOLA POR LIMITAR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE ARCHIVO, ASÍ COMO DE ACUERDOS ASENTADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SÓLO A LAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS LEGÍTIMO Y SIEMPRE QUE NO SE PERJUDIQUE EL INTERÉS PÚBLICO. Tesis P.LXI/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Epoca, página 71. Ver también Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial de la Federación y los medios de comunicación. Porrúa. México 2002

otorguen mayor efectividad a los derechos de las personas y los derechos colectivos. 11

Esa garantía de los derechos a través de la información me lleva a enunciar la tercera

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perspectiva de futuro como he llamado a estas sugerencias, los

Precedentes recientes de la Corte relacionados con la justicia agraria.

Me limitare, por cuestiones de tiempo, a ofrecerles una breve perspectiva de lo que considero son dos precedentes que se ocupan de temas sumamente relevantes de la materia agraria. Se trata de dos votos particulares, uno formulado en minoría, con el ministro José Ramón Cossío Díaz y el otro únicamente con argumentos propios.

El primero de ellos es un voto formulado en el amparo directo en revisión 28/2007, fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de junio de 2007. En ese voto se explica por qué, a

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juicio del ministro Cossío y su servidora, el artículo 2°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Federal concede a los quejosos el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura; y que por ello merecían en ese asunto la concesión del amparo.

El otro asunto es el que la opinión pública relacionó preponderantemente con la Cooperativa de Refrescos Pascual. Este es el Amparo en Revisión 455/2004, promovido por Victoria Valdés Cacho Viuda de Jiménez, fallado el diecisiete de noviembre de dos mil cinco. En él se tratan los conceptos de utilidad pública beneficio colectivo y otros muy relacionados con la figura de la expropiación.

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Finalmente, porque el tiempo es implacable, solo quisiera pedirles que, si así lo consideran, consultaran estos votos, ya sea en Internet, o en el modulo de acceso a la información que está instalado en esta casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A modo de conclusión.

Los derechos fundamentales encuentran en estos días una mayor aceptación y signos de mejor realización y cumplimiento; sin embargo, las resistencias a hacerlos efectivos siguen manifestándose en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana.

Los precedentes citados dan cuenta de como nuestro tribunal constitucional ha favorecido la interpretación de nuestra carta

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magna en aras de una mayor igualdad y una mejor y más amplia protección de los derechos humanos.

El tránsito hacia una mejor protección de los derechos sociales, se tendrá que ir dando en los hechos mediante las sentencias de los tribunales (locales y federales) mediante la creación de mecanismos más concretos que hagan justiciables y tangibles los derechos sociales.

Obligar al estado a tomar acciones positivas que se traduzcan en la prestación de los bienes o servicios que protegen los derechos sociales es un camino de justicia, fundado en la igualdad, que permitirá un proceso de mejor redistribución.

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Los derechos sociales son normas, y como tales deben tener efectos vinculatorios para los sujetos obligados, entre los que se encuentran, por supuesto, los poderes públicos.

Cuando la prestación que esas normas imponen al Estado es considerada fundamental y se incorpora a la Constitución, esas normas se convierten en normas objetivas de eficiencia directa e inmediata que sirven para justificar leyes ya dictadas y también para escoger significados posibles, en el ámbito semántico, de esas leyes12.

La función de los derechos sociales en la Constitución debe servir como medio de control de las políticas públicas y de los

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12 Vid. Prieto Sanchís, Luis. “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial.” Ley, derechos, justicia. Madrid, Dykinson, 1998.

actos del legislativo que se aparten de los fines establecidos en la Constitución.

Por todo ello, la protección de los derechos sociales de contenido prestacional, como los derechos agrarios, tendrá que ser, en el futuro, el medio que nos conduzca hacia un verdadero Estado de Derecho, social y democrático, más justo, más igualitario. En el que, como señala el epígrafe de estas palabras, los hombres que la tierra nutre sean la patria.

 

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